Redes sociales y seguridad e incidencias legales.

Redes sociales y seguridad

Para abordar el tema de redes sociales y seguridad, hemos de hacer referencia en primer lugar al artículo 18 de la Constitución Española, que ordena la protección de distintos bienes de la personalidad, teniendo como objeto garantizar una parte de la libertad individual. En este artículo se protege el derecho a la intimidad, honor y propia imagen. 

Este derecho fundamental en relación a las redes sociales ha sido desarrollado en varios ámbitos:

  • Derecho a la propia imagen:faculta al individuo para ejercer un control sobre la captación, grabación, uso y difusión de su imagen.
  • Derecho a la intimidad:se trata de la protección de la dimensión más reservada de las personas.

La regulación nacional se encuentra recogida en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Así mismo, el Código Penal recoge una serie de delitos relacionados con la violación de los derechos al Honor, Intimidad y Propia Imagen.

La vulneración y riesgos asociados del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen por parte de una red social son los siguientes:

  • Registro del usuario y configuración del perfil: el usuario debe valorar qué información personal desea publicar así como configurar lo que se podrá ver en su perfil.
  • Uso que se haga de la plataforma:relacionado con las actividades que los usuarios lleven a cabo.
  • El momento en que el usuario solicite la baja del servicio:al cancelar la cuenta la información, en ocasiones puede seguir siendo publicada o puede tardar en dejar de aparecer en los motores de búsqueda.

A continuación, describiremos los delitos que se pueden cometer en relación al derecho al honor, intimidad y propia imagen:

Las redes sociales, al considerarse un servicio ofrecido a los usuarios, son susceptibles de protección. Así, hacemos referencia a la normativa nacional para entender cómo se protege a los usuarios.

En concreto, nos remitimos al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Pincha aquí para leerlo.

En el ámbito de las redes sociales tiene especial incidencia el uso de condiciones generales de contratación puesto que, se suele contratar a través de contratos de adhesión, por lo que el usuario no suele tener ningún tipo de capacidad de decisión ni variación del clausulado.

Las cláusulas deberán ser legibles, claras y comprensibles para no correr el riesgo de nulidad. Se podrán considerar ciertas cláusulas como nulas aunque no siempre afectarán a la validez del contrato en su totalidad.

Podrán existir cláusulas que limiten los derechos básicos de los consumidores y usuarios, siendo notoriamente desproporcionadas. En estos casos se considerarán como cláusulas abusivas y, por lo tanto, nulas. 

Respecto los deberes del gestor de la plataforma, destacan los establecidos en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Se deberá informar del nombre o denominación, datos de inscripción del Registro Mercantil, los datos de autorizaciones, número de identificación fiscal, códigos, información sobre precio o producto, entre otras informaciones.

Existen una serie de medidas para proteger a los consumidores y usuarios. Un ejemplo son los sistemas de identificación electrónica, que están basados en certificados de firma electrónica. De este modo, es interesante implementarlo en plataformas de comercio electrónico como medio para garantizar las transacciones comerciales.

Por un lado, este medio permite a la entidad que vende, garantizar la identidad de la persona que compra y la integridad de consentimiento prestado, además del no rechazo de la transacción. Asimismo, el usuario que compre, cuenta con plena seguridad de que el titular del domino y de la tienda online o entidad, son una compañía o tienda legal y no fraudulenta. Además, puede demostrar que efectuó de manera efectiva su consentimiento.

Por otro lado, también se están implementando seguros de responsabilidad civil, que garanticen plenamente la seguridad de las transacciones y que prevean los seguros de responsabilidad para casos de negligencia.

Compra por internet

Así mismo, todo lo relativo a los plazos de devolución, los documentos legales requeridos, las garantías, los precios, transportes… habrán de ser contemplados de la misma manera para las redes sociales que para el resto de transacciones con los consumidores.

Redes sociales: incidencias Legales

Tras haber descrito los diferentes ámbitos en los que las redes sociales pueden tener una cierta incidencia legal, vamos a pasar a analizar los diferentes delitos que se pueden cometer en cada uno de estos ámbitos:

Los delitos informáticos: se hallan tipificados en nuestro Código Penal. En el Título X relativo a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, se hayan recogidas muchas de las posibles conductas susceptibles de ser un delito cometido en las redes sociales.

Concretamente, en el artículo 197 del Código Penal encontramos regulada la apropiación de datos de carácter personal. Dicho delito tendrá una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Siguiendo en el mismo artículo, se prevé la pena para la situación en la que se descubran secretos o se vulneren intimidades. Se estaría actuando contra la situación de revelación de secretos e incluso atentando al derecho a la propia imagen.

Para conocer los delitos que se pueden cometer, específicamente contra la imagen y reputación de una persona, acudimos a los artículos 205, al 207, para el delito de calumnia, y del 208 al 210 para la injuria.

La calumnia hace referencia a la imputación de un delito realizado con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Sin embargo, la injuria se refiere a la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona. Ambos delitos afectan a la reputación de una persona y son entendidos como atentados contra la imagen y fama de esta.

Por otro lado en el Título XIII, concretamente en el Capítulo IX del Código Penal, se habla de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.

En el artículo 270 se tipifica la conducta que atenta contra la propiedad intelectual. Se castiga con pena de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con ánimo de lucro reproduzca o distribuya una obra ajena sin autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

El artículo 273 por su parte tipifica la conducta que atenta contra la propiedad industrial, castigando con la misma pena que el delito contra la propiedad intelectual, a quien con fines industriales o comerciales fabrique, importe o posea una patente o modelo sin el consentimiento de su titular.

El artículo 274 contempla la conducta de quien, con fines industriales, reproduzca, imite o modifique cualquier signo distintivo. La pena en este caso es la misma que las anteriores.

En el artículo 270 se tipifica la conducta que atenta contra la propiedad intelectual. Se castiga con pena de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, con ánimo de lucro reproduzca o distribuya una obra ajena sin autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

El artículo 273 por su parte tipifica la conducta que atenta contra la propiedad industrial, castigando con la misma pena que el delito contra la propiedad intelectual, a quien con fines industriales o comerciales fabrique, importe o posea una patente o modelo sin el consentimiento de su titular.

El artículo 274 contempla la conducta de quien, con fines industriales, reproduzca, imite o modifique cualquier signo distintivo. La pena en este caso es la misma que las anteriores.

Es importante saber que, en el ordenamiento jurídico español, existen normas comunitarias y nacionales que regulan la protección de datos de carácter personal en las redes sociales. Así, los aspectos clave de la normativa comunitaria son: 

  • Establecimiento del principio de calidad de los datos. De esta manera, se pretende que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos.
  • Se impone que el volcado de estos datos personales se haga siempre y cuando exista previamente un consentimiento por parte de los titulares.
  • Desde la Unión Europea se requiere a los Estados para que establezcan la obligación de conciliar el derecho a la intimidad en el tratamiento de los datos personales.
  • Se establecen los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
  • Se incorpora la garantía de confidencialidad.
  • Se promueve la creación de Autoridades Nacionales para la protección de Datos.
  • Se fijan las bases de transferencias internacionales de datos personales.
  • Se intentan promover los códigos de conducta sectoriales.

Dentro de la normativa nacional, principalmente mencionar la referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Es importante saber que, en el ordenamiento jurídico español, existen normas comunitarias y nacionales que regulan la protección de datos de carácter personal en las redes sociales. Así, los aspectos clave de la normativa comunitaria son: 

  • Establecimiento del principio de calidad de los datos. De esta manera, se pretende que los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos.
  • Se impone que el volcado de estos datos personales se haga siempre y cuando exista previamente un consentimiento por parte de los titulares.
  • Desde la Unión Europea se requiere a los Estados para que establezcan la obligación de conciliar el derecho a la intimidad en el tratamiento de los datos personales.
  • Se establecen los derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
  • Se incorpora la garantía de confidencialidad.
  • Se promueve la creación de Autoridades Nacionales para la protección de Datos.
  • Se fijan las bases de transferencias internacionales de datos personales.
  • Se intentan promover los códigos de conducta sectoriales.

Dentro de la normativa nacional, principalmente mencionar la referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Riesgos

Los extremos y riesgos regulados por la normativa nacional en relación a las redes sociales son los siguientes:

Primera fase

  • Que los datos solicitados sean excesivos.
  • Riesgo de que el grado de publicidad del perfil de usuario sea demasiado elevado.
  • La finalidad de los datos no esté especificada adecuadamente.
  • La transparencia internacional de datos no esté garantizada.

Segunda fase

  • La publicidad excesiva de información personal.
  • Instalación de cookiessin conocimiento ni consentimiento.
  • Recepción de publicidad hipercontextualizada.
  • Recepción de comunicaciones comerciales no solicitadas.